Toluca, Méx.- Para que obtengan recursos y cumplan con el pago de laudos y deudas, el Congreso mexiquense aprobó que los ayuntamientos de San José del Rincón, San Felipe del Progreso y Nicolás Romero enajenen y subasten públicamente nueve inmuebles municipales.
El dictamen señala que es una medida debidamente ponderada por los cuerpos edilicios para atender sus laudos, sin dañar la administración municipal y el desempeño de las funciones que tienen encomendadas en favor de la comunidad municipal, además de que los inmuebles carecen de valor histórico, artístico o arqueológico y han sido considerados como las opciones inmediatas ante los requerimientos legales que enfrentan.
María Luisa Mendoza Mondragón, Rigoberto Vargas Cervantes y Juana Bonilla Jaime, se pronunciaron en contra de los dictámenes al argumentar que no había información suficiente sobre cómo obtuvieron las deudas los ayuntamientos, señalaron irresponsabilidad e ineficiencia de los servidores públicos y se pronunciaron por un marco legal que ponga candados para que la desincorporación para pagar laudos no sea una práctica constante.
Gerardo Lamas Pombo y Francisco Javier Santos Arreola señalaron que los laudos provienen de administraciones pasadas e incluyen a diferentes partidos políticos y ante las situaciones financieras que enfrentan los municipios y las sentencias judiciales en su contra, la Legislatura no tenía otro camino que apoyar las desincorporaciones de los inmuebles.
A San José del Rincón se le autorizó desincorporar dos inmuebles para que pague una deuda de 38 millones 493 mil pesos por el revestimiento de caminos derivado del contrato de la administración 2009-2012 con la empresa Ulsa Consorcio Urbanista e Inmobiliario S.A. de C.V. Los inmuebles están ubicados en calle sin nombre, cabecera municipal, y en Paraje la Avena del Ejido de Santa Cruz del Rincón.
A San Felipe del Progreso se le autorizó desincorporar un inmueble para transmitirlo al ciudadano José Armando Sandoval Esquivel para dar cumplimiento al requerimiento de pago tramitado ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, originado por un laudo condenatorio del 26 de enero de 2016.
A Nicolás Romero se le autorizó enajenar seis inmuebles para pagar un laudo condenatorio tramitado ante la sala auxiliar de Tlalnepantla por 40 millones 456 mil pesos y accesorios emitido el 30 de mayo de 2008.
